José Manuel Cansino
15 de julio 2010
La Tribuna (Diario de Sevilla)
LA Conferencia Episcopal Española ha publicado recientemente las conclusiones de un informe que cuantifica lo que la Iglesia católica ahorra al Estado.
Si el objetivo era influir en la conciencia de los contribuyentes españoles promoviendo que se marcase la casilla de la asignación tributaria a la Iglesia, el informe quizás llegó un poco tarde porque eran muchos los que ya habían liquidado (pagado) su impuesto sobre la renta.
Pero aunque un poco tarde, el informe -elaborado con cifras oficiales- corrobora un hecho significativo. El hecho no es otro que -convicciones religiosas a un lado- la Iglesia católica española presta servicios esenciales -básicamente educación y asistencia sanitaria- a buena parte de la sociedad y lo hace a un coste inferior al del sistema público.
En el caso concreto de la Educación, esto se traduce en un ahorro anual al Estado de 4.148 millones de euros.
También en asistencia sanitaria, el análisis de costes -pionero en Andalucía- que permite informar a los pacientes hospitalizados en centros públicos del coste de su estancia sirve para llegar a conclusiones similares, habida cuenta de la presencia de órdenes religiosas en este sector, como la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y, principalmente fuera de España, la Orden de Malta.
Lo anterior obliga a numerosas instituciones religiosas a tener que captar fondos adicionales de sus benefactores a riesgo de verse abocadas a un colapso financiero.
De alguna manera, es como si a los demandantes de la enseñanza o sanidad concertadas se les obligase a pagar impuestos dos veces, pese a estar ejercitando un derecho constitucional y fundamental como son la elección de centro educativo y la asistencia sanitaria.
La prestación de servicios esenciales mediante en modelo de conciertos entre el sector público y el privado no es, pese a algunas opiniones interesadas, un modelo de gestión que beneficia a las élites económicas. Se trata sólo una alianza que facilita eficazmente el acceso universal a la Educación y la asistencia sanitaria de los ciudadanos españoles.
En similares términos, resulta significativo que en otra de las caras más visibles de la acción social de la Iglesia, los comedores, roperos y albergues, no se discrimine entre beneficiarios por razón de credo, caso de tenerlo, realidad esta que, aunque a la sociedad española le resulte conocida, no encuentra un parangón de reciprocidad en otras confesiones monoteístas. En estos casos, el auxilio material al infiel resulta proscrito.
Las cifras que están detrás de este Documento hablan por sí solas. Sólo entre 2008 y 2009, el número de personas atendidas por Cáritas en España pasó de 400.000 a 600.000. Para conocer con más detalle esta realidad, resultan de gran ayuda los informes del Observatorio de la Realidad Social que promueve la propia Cáritas.
Con todo, en relación con el informe de la Conferencia Episcopal, aún permanecen dos cuestiones que no pueden soslayarse.
La primera es que la moral inspirada en el mandato de Mateo 6, 3 "cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha" acaba ocultando gran parte de la acción social de los católicos que, por esta razón, resulta de cuantificación imposible.
La segunda, y no menos importante, radica en que servicios como el acompañamiento a personas que se encuentran solas, a enfermos sin familiares, las donaciones de ropa, comida y alojamiento no pasan por el mercado, no se valoran con un precio y, por tanto, resultan todas de muy difícil cuantificación monetaria. Por esta razón, el conjunto de estas acciones también quedan excluidas del informe.
Las creencias religiosas no se explican ni sólo ni principalmente por sus posibles beneficios asistenciales. Pero, así las cosas, coincidimos con quien afirma que cuando el Estado promueve, enseña, o incluso impone formas de indiferencia ética, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral indispensable para comprometerse con las necesidades de sus semejantes.
He aquí la paradoja que supone un prolífico desarrollo en España de una legislación con una clara orientación anticatólica e incluso cristofóbica -en la acertada definición de Joseph Weiler-, a pesar de la importancia social de su labor.
Es difícil objetar que en una situación dramática para miles de personas como la que nuestra nación soporta la labor de la Iglesia católica resulta imprescindible para un Estado con vocación de atender, particularmente, a quienes como denunciaba Tomás de Aquino, están en situación de necesidad extrema.
Una necesidad en la que se encuentran aquellos a los que, agotadas todas las prestaciones públicas, sólo les queda la paguita de Cáritas.
15 de julio 2010
La Tribuna (Diario de Sevilla)
LA Conferencia Episcopal Española ha publicado recientemente las conclusiones de un informe que cuantifica lo que la Iglesia católica ahorra al Estado.
Si el objetivo era influir en la conciencia de los contribuyentes españoles promoviendo que se marcase la casilla de la asignación tributaria a la Iglesia, el informe quizás llegó un poco tarde porque eran muchos los que ya habían liquidado (pagado) su impuesto sobre la renta.
Pero aunque un poco tarde, el informe -elaborado con cifras oficiales- corrobora un hecho significativo. El hecho no es otro que -convicciones religiosas a un lado- la Iglesia católica española presta servicios esenciales -básicamente educación y asistencia sanitaria- a buena parte de la sociedad y lo hace a un coste inferior al del sistema público.
En el caso concreto de la Educación, esto se traduce en un ahorro anual al Estado de 4.148 millones de euros.
También en asistencia sanitaria, el análisis de costes -pionero en Andalucía- que permite informar a los pacientes hospitalizados en centros públicos del coste de su estancia sirve para llegar a conclusiones similares, habida cuenta de la presencia de órdenes religiosas en este sector, como la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y, principalmente fuera de España, la Orden de Malta.
Lo anterior obliga a numerosas instituciones religiosas a tener que captar fondos adicionales de sus benefactores a riesgo de verse abocadas a un colapso financiero.
De alguna manera, es como si a los demandantes de la enseñanza o sanidad concertadas se les obligase a pagar impuestos dos veces, pese a estar ejercitando un derecho constitucional y fundamental como son la elección de centro educativo y la asistencia sanitaria.
La prestación de servicios esenciales mediante en modelo de conciertos entre el sector público y el privado no es, pese a algunas opiniones interesadas, un modelo de gestión que beneficia a las élites económicas. Se trata sólo una alianza que facilita eficazmente el acceso universal a la Educación y la asistencia sanitaria de los ciudadanos españoles.
En similares términos, resulta significativo que en otra de las caras más visibles de la acción social de la Iglesia, los comedores, roperos y albergues, no se discrimine entre beneficiarios por razón de credo, caso de tenerlo, realidad esta que, aunque a la sociedad española le resulte conocida, no encuentra un parangón de reciprocidad en otras confesiones monoteístas. En estos casos, el auxilio material al infiel resulta proscrito.
Las cifras que están detrás de este Documento hablan por sí solas. Sólo entre 2008 y 2009, el número de personas atendidas por Cáritas en España pasó de 400.000 a 600.000. Para conocer con más detalle esta realidad, resultan de gran ayuda los informes del Observatorio de la Realidad Social que promueve la propia Cáritas.
Con todo, en relación con el informe de la Conferencia Episcopal, aún permanecen dos cuestiones que no pueden soslayarse.
La primera es que la moral inspirada en el mandato de Mateo 6, 3 "cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha" acaba ocultando gran parte de la acción social de los católicos que, por esta razón, resulta de cuantificación imposible.
La segunda, y no menos importante, radica en que servicios como el acompañamiento a personas que se encuentran solas, a enfermos sin familiares, las donaciones de ropa, comida y alojamiento no pasan por el mercado, no se valoran con un precio y, por tanto, resultan todas de muy difícil cuantificación monetaria. Por esta razón, el conjunto de estas acciones también quedan excluidas del informe.
Las creencias religiosas no se explican ni sólo ni principalmente por sus posibles beneficios asistenciales. Pero, así las cosas, coincidimos con quien afirma que cuando el Estado promueve, enseña, o incluso impone formas de indiferencia ética, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral indispensable para comprometerse con las necesidades de sus semejantes.
He aquí la paradoja que supone un prolífico desarrollo en España de una legislación con una clara orientación anticatólica e incluso cristofóbica -en la acertada definición de Joseph Weiler-, a pesar de la importancia social de su labor.
Es difícil objetar que en una situación dramática para miles de personas como la que nuestra nación soporta la labor de la Iglesia católica resulta imprescindible para un Estado con vocación de atender, particularmente, a quienes como denunciaba Tomás de Aquino, están en situación de necesidad extrema.
Una necesidad en la que se encuentran aquellos a los que, agotadas todas las prestaciones públicas, sólo les queda la paguita de Cáritas.
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